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¿Qué es una política popular?

¿Qué es una política popular? Aquella en que se gobierna con el pueblo.

Paréceme interesante traer a esta encuesta la palabra de la Tradición de las Españas, ya que es una de las voces cuyo resonar compuso la alegría limpia y española del 18 de  julio. Para la Tradición de las Españas es «popular» aquella política en que se gobierna CON el pueblo.

Porque hay tres posturas:

a) El liberalismo democrático. Sostiene que el Poder viene DEL pueblo y que todo orden político está establecido ahistórica, abstracta y racionalísticamente POR la voluntad popular en un arranque incoherente y momentáneo, sea a través de plebiscitos generales o de elecciones específicas. Es actitud que en realidad desconoce qué sea el pueblo, porque lo reduce a una noción amorfa y pulverizada de lo que Francisco Suárez llamaría «multitud», coexistencia inorgánica que nada tiene de común con la sociedad independiente y membrada, integrada por comunidades autárquicas y libremente constituidas que es la verdadera calidad del pueblo.

b) El totalitarismo, desde los absolutismos de cuño protestante basados en la secularización de la idea del carisma, a los totalitarismos del siglo XX, tanto en las oligarquías fascistas cuanto en las comunistas. Sustentar que el Poder viene irracionalista, caprichosa y oscuramente desde un plano ajeno al común de la sociedad, gobernándose PARA el pueblo pero SIN el pueblo, niño torpón carente de educación política y de tino para saber qué le conviene. Esta actitud suprime lisa y llanamente todo lo que no sea el agente que de hecho manda, no estimando al pueblo ni en su acepción verdadera ni en la falsa acepción liberal de la multitud desorganizada.

c) El pensamiento tradicional de las Españas. Defienda que el Poder viene de Dios A TRAVÉS del pueblo y que su ejercicio ha de tener lugar CON el concurso del pueblo.

Es la teoría de las dos representaciones políticas, con arreglo a la cual todo Poder viene de Dios: por derecho natural, el Poder encarna en la comunidad por el mero hecho de existir ésta, cediéndole ésta en un acto de derecho positivo e histórico a una institución de uno, de pocos o de muchos (legitimidad de origen), la cual será legítima mientras gobierne dentro de los principios del derecho natural (legitimidad de ejercicio). Ahora bien, la comunidad que así cedió permanentemente su poder de gobierno a una institución, resérvase el frenar y tomar cuentas de su ejercicio a través de otras instituciones que representen los intereses del hoy respecto al Poder encarnado en la institución que gobierna.

Tal fue en la monarquía tradicional de las Españas la doble representación: del Rey, cuyo Poder no viene del pueblo de hoy, porque representa la voz de los muertos y de los que nacerán, o sea, la permanencia misma de la patria; y de las Cortes, que representan la regulación del ejercicio de aquel Poder real, independiente de ellas, desde el punto de los intereses de la coyuntura histórica. Por eso las leyes las hacía el Rey, siendo redondamente falso cuando especuló el canovismo decimonómico y sus secuaces actuales sobre una participación de las Cortes en la potestad legislativa; lo que las Cortes hacían era exigir buenas leyes y procurar que fuesen cumplidas, pero desde fuera de la potestad legislativa, manejando el arma de su potestad de conceder o denegar dineros; poseían una potestad económica capaz de influir en la legislativa, pero jamás potestad legislativa propiamente dicha, que estuvo reservada exclusivamente al Rey.

La cumbre del pensamiento político hispano es el riquísimo de la Cataluña clásica y dentro de él la ocasión de Caspe. Allá se ve al Poder real cosa distinta de las Cortes, que son voz del pueblo. Cuando los reinos de la corona aragonesa viéronse huérfanos de monarca, transformándose sus Cortes en Parlamentos, jamás pensaron fuese facultad del pueblo elegir rey, tal como resultaría de aplicar la regia liberal que el Poder se establece POR el pueblo en Cortes, sino que plantearon certeramente la cuestión como problema jurídico y no político de RECONOCER el sujeto concreto de aquel Poder real que de las Cortes no emanaba; y una vez resuelta la cuestión, cuando hubo un rey RECONOCIDO por los compromisos jueces y no CREADO políticamente POR elección del pueblo, reasumieron por entero su función propia: procurar que Fernando I legislase y gobernase rectamente.

En el fondo, la entera cuestión, redúcese a tres posiciones antropológicas:  el liberalismo parte del optimismo, niega la sociedad organizada, prescinde de la Historia y juega ser popular el gobierno POR la multitud que los demócratas apellidan arbitrariamente pueblo; el totalitarismo arranca del pesimismo antropológico y cree son los humanos tan necios que lo oportuno será gobernar PARA ellos pero SIN ellos, desde el funesto Carlos III a las dictaduras del proletariado que preparen la «felicidad» marxista; el Tradicionalismo de las Españas estima que el hombre es un ser falleciente y en consecuencia defiende haya un Poder que por encarnar en una institución no está sujeto a las avalanchas contradictorias de cada huracán pasional de las gentes, pero que sin perder su independencia institucional gobierna CON el concurso de los representantes del pueblo verdadero, esto es, de la sociedad organizada y libre: organizada frente al liberalismo, libre frente al totalitarismo.

Francisco Elías de Tejada

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