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La Tradició de Catalunya: L'Assumpció de la Verge t.co/pdElJTQ7nT t.co/NpdJV6vaga

Maricas, políticos y eclesiásticos: declaración de la Comunión Tradicionalista

John Martin: La destrucción de Sodoma y Gomorra, 1832

El colectivo LGTB ha lanzado un órdago sin precedentes a los políticos. Juan Carlos Alonso, coordinador general de la semana del Orgullo Gay 2017 (WorldPride) con expresa intención elogiosa ha llamado a Manuela Carmena, «la más marica de todos nosotros». Pues bien, los maricas (no tenemos inconveniente darles gusto y llamarlos así) exigen que se apruebe una  Ley contra la discriminación por orientación sexual elaborada por ellos mismos y presentada por Podemos como propuesta de ley ante el Congreso.

Se trata de una ley minuciosa, de casi 60 páginas y 99 artículos, que tiene por objeto suprimir la «el concepto socialmente establecido de hombre o mujer» y sustituirlo por «la identidad de género sentida» por cualquier persona en cualquier momento. La ley afecta a las obras, las palabras e incluso los pensamientos (el odio se considera un agravante), por omisión o comisión, que supongan una diferenciación por razones de sexo. Su aplicación incluye todos los ámbitos de la vida social, públicos o privados; afecta a la vida familiar (que equipara absolutamente las parejas de cualquier orientación sexual con la familia tradicional, y promueve actuaciones «preventivas» y la acogida de niños LGTB en casas habilitadas al efecto); al ámbito laboral y al educativo (sea público o no, en todos ellos se impedirán los manuales sostengan la discriminación sexual «socialmente» admitida); a la sanidad, que proporcionará a los LGTB una especial atención para sus transformaciones físicas y para la reproducción asistida; al ámbito de la justicia y al ejército. Y eso en todas las dependencias públicas o privadas (el uso de los baños para hombres o mujeres dependerá de la identidad de género sentida); y para todas las edades, incluidos los menores que atendiendo sólo a su inclinación recibirán la «atención sanitaria» de ayuda a su desarrollo físico, es decir, que podrán ser objeto de las cirugías de cambio de sexo. Los LGTB, dada su «especial vulnerabilidad» recibirán un trato tan de favor en todos esos ámbitos que hasta se invertirá la carga de la prueba en los procedimientos judiciales. Asimismo se emprenderán acciones de concienciación contra la discriminación en todos los terrenos. Todo ello, incluido el desarrollo de la ley, formará parte de las competencias de una Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, ente independiente, pero de derecho público estatal, cuyos miembros serán elegidos entre «personas de reconocido prestigio en la defensa contra la discriminación de las personas LGTB» y que tendrá extensiones en todas los organismos de la administración.

En otras palabras: la ley entregará un poder totalitario a los LGTB y a sus parciales, que extenderán obligatoriamente su ideología y prohibirán cualquier forma de defensa o acción que responda a la distinción natural entre el hombre y la mujer. Y eso bajo penas gravísimas, multas desproporcionadas, inhabilitaciones, cierres de negocios, cuando no privación de libertad con agravantes especiales.

Buena parte de la casta política, Podemos, Ciudadanos y PSOE incluidos, se ha adherido a la exigencia, y parece dispuesta a apoyar la ley mencionada con todas sus consecuencias. Los maricas, según la prensa, han emplazado al PP a sumarse a esta iniciativa, so pena de no ser invitados a la semana del orgullo gay y a su satánica liturgia. Con la vista puesta en unos votos que sólo emplean para su política capitalista, no es difícil imaginar a los próceres del PP devanándose los sesos para no inquietar demasiado al voto católico y dar al mismo tiempo satisfacción a los maricas.

No menos preocupados, los eclesiásticos de más elevado rango en nuestro país andarán rascándose la cabeza para ver la manera de torear la cosa con la ambigüedad sistemática que les caracteriza. Y es que su posición se ha vuelto verdaderamente insostenible. Desde los tiempos posconciliares, los eclesiásticos españoles, siguiendo las pautas marcadas por Tarancón y, en última instancia por Maritain, se han opuesto constantemente a la existencia de formaciones políticas declaradamente católicas y han favorecido la acción política de los católicos desde el interior de los partidos existentes. La absoluta inoperancia de semejante planteamiento, evidente para todos, ha sido suplida con una política hecha por detrás, o bajo capa, que ha permitido a esos eclesiásticos evitar sobresaltos y persecuciones a costa del creciente desprestigio de la Iglesia.

Al mismo tiempo, convencidos de que las cosas no podían llegar tan lejos, redujeron de hecho toda su doctrina social a un débil y recortado mantenimiento de la institución familiar acompañado de una neutra defensa de la libertad religiosa y de enseñanza. Ahora se encuentran con que ese último reducto doctrinal, mantenido, dentro de los parámetros modernistas, va a ser todavía más atacado desde unas instituciones políticas sobre las cuales ya no tienen ninguna influencia ¿Qué decisión tomarán? ¿Expulsarán públicamente de la comunidad eclesiástica a los miembros y a los votantes de los partidos que apoyen la futura ley, como los maricas están dispuestos a expulsar de sus aquelarres a quienes no la sustenten? ¿Les negarán los sacramentos? ¿Recordarán, ante el evidente desastre que están provocando, las obligaciones políticas de los católicos conforme a la doctrina social clásica de la Iglesia? Humanamente hablando, podemos estar seguros de que no lo harán. Se conformarán, en el peor de los casos, con solicitar bajo capa alguna modificación a la futura ley o manifestarán internamente su repulsa en las homilías. Y, en el mejor de los casos, quizás algún obispo se salga de madre y haga alguna declaración pública, de la que se retractará al día siguiente, presionado por la Conferencia Episcopal; o convocarán una manifestación pacífica, apolítica y silenciosa, sin más consecuencias que la de molestar al vecindario y descorazonar a quienes se molesten en asistir a ella.

El Presidente de los Estados Unidos, sin duda agradecido al apoyo decisivo que le han prestado las «iglesias» protestantes y especialmente la evangélica, ha declarado su apoyo a la familia y a la religión, evidentemente desde sus presupuestos democráticos y liberales. Y Putin, de consuno con las autoridades de la iglesia llamada ortodoxa, ha puesto coto a la degeneración sexual y a las pretensiones de los maricas. Aunque sólo sea por eso, los que vivimos en países de raigambre católica sentimos envidia de esos países donde predominan sectas heréticas y cismáticas. Porque no cabe esperar humanamente que los eclesiásticos del día abandonen una actitud que no es de cobarde timidez o de comodidad culpable, sino que se asienta sobre un liberalismo católico profundamente asumido como tesis inamovible.

La Comunión Tradicionalista nunca ha caído en la trampa de reducir su doctrina social y política a la defensa de la familia o a las cuestiones sexuales, como es costumbre entre los católicos actuales. Porque entiende que no hay forma de defender aisladamente la familia, sin encajarla dentro de una sociedad que respete el derecho natural y las doctrina social católica en su totalidad. Sin embargo, hoy, cuando nos encontramos en una situación como la que plantean los maricas, o con otras similares, que ya se han dado y se reproducirán en un futuro inmediato; hoy cuando está en juego la institución familiar, la enseñanza católica y lo que resta de sanas costumbres en nuestra sociedad, se permite recordar a los católicos que esos eclesiásticos no son la Iglesia; y que la misma Iglesia no tiene potestad para dirigir directamente la política, sino sólo para enseñar los principios en que debe fundarse, los cuales, para obligar en conciencia, han de ser acordes con el magisterio perenne de la Iglesia.

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